Locales. Tras 10 años, llegó a juicio un productor agropecuario acusado de estafa a un Banco

Tras 10 años de haberse constatado el faltante de la maquinaria agrícola que había sido prendada, e iniciada una causa penal, comenzó la audiencia oral y pública para determinar la responsabilidad penal de un productor agropecuario acusado de estafa.

Más precisamente, el delito que le endilga es el de “desbaratamiento de derechos acordados”, que contempla una pena en expectativa hasta seis años de prisión, aunque en el caso el ministerio público en su alegato solicitó dos años.

A saber, el caso se remite al año 99, cuando Jorge Miguel Dematteis -imputado- solicitó un crédito prendario al Banco Provincia para la adquisición de máquinas agrícolas, por un valor que ascendió al millón de pesos/dólares. Una vez adquirida la prenda y pasados los meses, la entidad crediticia comenzó a demandar el pago de las cuotas pautadas en el crédito, cosa que el productor no cumplió. En el 2001 las autoridades fueron a buscar las máquinas y no se hallaron. Frente al ocultamiento, el fiscal Luis Piotti inició la instrucción penal que ahora -tras una década- arribó al juicio.

TESTIGO SORPRESA

La sorpresa de la jornada matinal la dio el comparendo de un testigo que durante los 10 años no había aparecido en toda la causa. Ni siquiera el imputado, que se valió de su derecho de no prestar declaración, nunca dio detalles de la circunstancias que el testigo iba ayer a ventilar.

Se trató de Oscar Guerrero, conocido productor papero, quien se presentó como amigo del acusado y que por aquellos años le alquiló las máquinas en cuestión.

Según su versión, que luego valdría para la hipótesis defensista, él arrendó las máquinas en cuestión para una cosecha en sus campos hasta que la sociedad anónima de la cual él formaba parte entró en concurso preventivo y la quiebra. Precisamente bajo ese proceso de litigiosidad de la firma, la sindicatura fue haciéndose de los bienes de Guerrero, incluso aquellos que guardaba y no eran de su propiedad, por caso justamente las máquinas agrícolas prendadas que le había alquilado a su amigo.

Sin dar demasiadas precisiones sobre el futuro que deparó el secuestro de dichos elementos (la posibilidad de que hubieran sido robadas), el testigo dejó la sala de audiencias, tras responder con ciertas vaguedades sobre detalles que las partes como el propio Tribunal intentó esclarecer. Por ejemplo, por qué nunca testificó durante estos 10 años o, al menos, no le dijo a su amigo qué había pasado con las máquinas para que éste pudiera defenderse ante la Justicia.

Obviamente que la duda y desconfianza se mantuvo en el fiscal, que consideró que dicho testimonio introducido en el juicio y no antes, era mendaz.

Así arremetería con la acusación, tomando como elementos incriminantes el dato objetivo de haber ocultado las máquinas prendadas. Asimismo, la actitud silenciosa del acusado a lo largo de toda la instrucción, tanto en el fuero civil como penal.

Arremetiendo contra el testigo Guerrero, Piotti indicó que su credibilidad se veía conmovida. Aludiendo a que la inconsistencia de sus dichos atacaban la credibilidad subjetiva.

Sugerentemente indicó que llamaba la atención que el testigo no se acordaba de fechas y sí de los elementos que le había alquilado su amigo.

Entendió el fiscal que era ilógico pensar la aparición sorpresiva de este testigo, subrayando nuevamente en que objetivamente no creía en su versión. Por caso, recordó que el testigo reconoció que cuando empezaron a desaparecer las máquinas fue informándoselo al acusado, y éste siquiera aludió a la situación, cuando incluso fue notificado de su imputación en la toma de declaración, allá por el 2007.

LA DEFENSA

Al turno de la defensa, los doctores Hugo López Santoro (ex juez) y su hijo Rodrigo López Santoro, sí se valieron del testimonio de Guerrero para argumentar la inocencia de su pupilo y solicitar consecuentemente su absolución.

Con una profusa dialéctica y sólida argumentación, el doctor López Santoro padre no dejaría de reconocer la capacidad intelectual del fiscal, pero sí permitirse discrepar en su hipótesis. Más precisamente dijo diferir con el racionalismo que trasunta el alegato del ministerio público. Dijo que los racionalistas se fundan en las normas, pero él creía más en la conducta de las personas.

Así consideró que la declaración de Guerrero era real, y la inconsistencia de su relato era propia del tiempo transcurrido, por lo que no debía ser descalificado.

Bajo ese hilo argumental, indicaría luego que dicha declaración permitió entender la realidad biográfica del acusado, sin dejar de subrayar que no era tardía la incorporación de dicho testimonio en la etapa del juicio.

Añadió sobre la situación de aquellos años del acusado en que había una realidad concursal que impidió hacerse de los bienes demandados y que no había elementos subjetivos para acreditar una responsabilidad de tipo penal para su defendido.

En consecuencia, sostuvo el letrado, no fue Dematteis quien perjudicó al prendario, sino la quiebra, el síndico o en todo caso quien debía custodiar dichos bienes.

En esa misma línea, López Santoro hijo acotó que para aludir a la retención incluida se debió requerir los elementos prendados y el Banco Provincia nunca lo hizo, para luego excusar de las imprecisiones del testigo Guerrero habida cuenta de sus innumerables actividades productivas y comerciales que le impidieron recordar con precisión “nimiedades” sobre fechas y detalles del alquiler de las máquinas en cuestión.

Sin más, se pediría la absolución, para así el Tribunal dar por cerrado el debate, citando para el viernes 3 de junio para dar a conocer su veredicto y eventual sentencia.

El delito

La figura delictiva, denominada "desbaratamiento de derechos acordados", dice así: "el que tomare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento, en las condiciones pactadas de una obligación referente al mismo, sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, sea removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo, o dañándolo, siempre que el derecho o la obligación hubieran sido acordados a otro por un precio o garantía" (art. 173, inc. 11º).