Por disturbios en el Municipio. Tras dos años de espera, la Justicia de Tandil puso en marcha el juicio contra Griselda Altamirano y Jorge Lezica

Después de una maratón de dilaciones y planteos legales, la dirigente social finalmente se sentó en el banquillo de los acusados. La jornada estuvo marcada por el rechazo a una nulidad defensiva y el testimonio de exfuncionarios municipales clave.

El silencio de los pasillos del Poder Judicial de Tandil se interrumpió finalmente este jueves con el inicio de uno de los debates orales más postergados de los últimos tiempos: el juicio contra Griselda Altamirano y Jorge Lezica, que encabeza el titular del Juzgado en lo Correccional Nº1, del Fuero Penal del Dpto. Judicial Azul, Dr. Carlos Alberto Pocorena.

El proceso, que originalmente debía haber comenzado en agosto de 2024, logró sortear un historial de sucesivas suspensiones para dar paso a la etapa de definiciones.

La mañana comenzó con un clima de tensión jurídica. Antes de que el primer testigo pudiera hablar, el abogado defensor de los imputados, Dr. Mariano Pomares, presentó un planteo de nulidad con el objetivo de frenar el avance del debate. Sin embargo, el tribunal desestimó el recurso de manera inmediata, ordenando la continuidad del cronograma previsto para la jornada.

El foco de la audiencia estuvo puesto en reconstruir los incidentes ocurridos durante una protesta en el Palacio Municipal. Para ello, el tribunal escuchó las declaraciones de dos efectivos policiales y de figuras centrales de la gestión municipal de aquel entonces, como Andrés Curcio (exsecretario Legal y Técnica) y Atilio Della Maggiora (exsecretario de Protección Ciudadana). También aportaron su versión Julieta Vicente y Andrea Rosetti, quienes describieron el escenario de daños y enfrentamientos que originó la causa.

La complejidad del juicio no solo radica en el tiempo transcurrido, sino en la acumulación de expedientes. Tras un breve cuarto intermedio, la modalidad del debate cambió a formato virtual para recibir testimonios vinculados a una segunda causa: los disturbios registrados en la sede judicial de Azul.

Esta unificación de causas busca determinar la responsabilidad penal de Altamirano en ambos focos de conflicto.

A pesar de la intensidad de la jornada, el cierre del proceso no llegó este jueves como se esperaba. Aunque el tribunal tenía previsto escuchar los alegatos finales por la tarde, un nuevo pedido de la defensa logró postergar esta instancia crucial para el próximo martes 10 de julio. Por ahora, la sentencia para uno de los procesos más prolongados y controvertidos de la militancia social en Tandil sigue en suspenso.

Los daños en el Municipio

La causa contra Altamirano surgió a partir de la denuncia penal que impulsó el estado municipal, tras los graves incidentes que miembros de la Agrupación 1 de Octubre, liderados por la imputada, provocaron el 6 de diciembre de 2021, tras conocerse la muerte del joven Jorge Sebastián Simón, quien horas antes había sido atropellado por el auto que conducía el entonces funcionario municipal, Luciano Jaureguiber.

En el marco de una protesta que la agrupación llevó adelante en el Palacio Municipal, acusando al Intendente y otros funcionarios de encubrir a Jaureguiber, ocurrieron destrozos y enfrentamientos con personal policial, que derivaron en la causa que sentó este jueves a Altamirano y Lezica en el banquillo.