Exigen respuestas a Kicillof. Acción Tandilense - La Libertad Avanza presentó proyecto en respaldo a la implementación del Régimen Penal Juvenil

El bloque de concejales de Acción Tandilense - La Libertad Avanza presentó en el Honorable Concejo Deliberante de Tandil un proyecto de resolución en respaldo a la efectiva implementación de la Ley Nacional N.º 27.801, luego de que la Justicia dispusiera preventivamente la suspensión de su aplicación en todo el territorio bonaerense.

Desde el bloque señalaron que se trata de una situación de extrema gravedad, porque una norma sancionada por el Congreso de la Nación y reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional no puede quedar paralizada en la Provincia de Buenos Aires como consecuencia de deficiencias estructurales o de la falta de capacidad del Estado provincial para garantizar su implementación.

"La seguridad de los bonaerenses no puede quedar atrapada entre las excusas de un Estado provincial que durante años no resolvió sus problemas estructurales. Si existe una ley nacional que establece responsabilidades frente al delito y genera herramientas específicas para abordar el delito juvenil, el Gobierno de la Provincia tiene que estar preparado para aplicarla, no buscar excusas para que no funcione", señalaron desde el bloque.

El proyecto destaca que la Ley 27.801 fue sancionada por el Congreso Nacional conforme a los mecanismos constitucionales y que establece un régimen especial de responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años, contemplando sanciones alternativas a la privación de la libertad y objetivos de educación, resocialización e integración social.

"No puede ser que la incapacidad del Gobierno de Kicillof termine convirtiéndose en una barrera para que una ley nacional se aplique en la Provincia", remarcaron los concejales.

En ese sentido, desde Acción Tandilense - La Libertad Avanza consideraron que la suspensión preventiva de la norma expone una problemática mucho más profunda: la falta de condiciones y de planificación del Estado bonaerense para afrontar una política de seguridad que responda a las necesidades actuales de la sociedad.

"Hace años que los bonaerenses reclaman respuestas concretas frente al delito. Mientras las familias viven con miedo y los vecinos exigen seguridad, el Estado no puede seguir mirando para otro lado. La prevención, la responsabilidad y la capacidad de respuesta frente al delito juvenil requieren reglas claras y un Estado que esté preparado para hacerlas cumplir", expresaron.

El proyecto presentado por el bloque manifiesta la preocupación del Concejo Deliberante ante la suspensión de la ley, respalda su efectiva implementación y solicita al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que adopte con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar las condiciones adecuadas para su aplicación en todo el territorio bonaerense.

"La seguridad no puede esperar y la Provincia tampoco puede seguir pateando sus problemas para adelante. Kicillof tiene que hacerse cargo: si faltan recursos, infraestructura o herramientas para aplicar una ley que busca dar respuestas frente al delito, la obligación del Gobierno provincial es resolverlo. No suspender, no demorar y no mirar para otro lado." expresó Santamarina.

Desde el bloque remarcaron finalmente que defender la aplicación del Régimen Penal Juvenil no significa desconocer derechos ni garantías constitucionales, sino establecer un marco de responsabilidad frente a la comisión de delitos, garantizando al mismo tiempo los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

"Negarse a incorporar nuevas herramientas para combatir el delito implica perder oportunidades para intervenir de manera temprana frente a adolescentes que incurren en conductas delictivas. Actuar a tiempo es fundamental para establecer límites, sancionar y corregir esas conductas antes de que se profundicen. Los vecinos tienen derecho a vivir seguros, y debemos aprovechar todas las herramientas disponibles para avanzar en ese sentido".