10 de septiembre de 2026
La defensora del pueblo local, Dra. Paula Lafourcade, brindó detalles sobre las denuncias por venta ilegal de terrenos en zonas serranas protegidas y confirmó el avance del amparo judicial para exigir obras de infraestructura y seguridad en la traza nacional.
La proliferación de loteos irregulares se ha consolidado como una problemática frecuente en la Defensoría del Pueblo de Tandil. Según explicó la defensora del pueblo, la preocupación abarca tanto a vecinos linderos que denuncian obras no autorizadas como a compradores afectados por transacciones fraudulentas a precios considerablemente inferiores a los del mercado.
"Es un problema frecuente en la Defensoría. Primero, a
veces vecinos de la zona que saben que se está haciendo un loteo irregular
vienen a denunciar esas obras. Y también hemos recibido de propios compradores
que vienen con los boletos diciendo: '¿Esto está bien?, ¿Me estafaron?, ¿Esto
es así?'", explicó la abogada.
Estos fraccionamientos informales suelen carecer de la
apertura de calles planificada, redes de servicios básicos y obras de desagüe.
La gravedad del escenario se acentúa en la zona serrana, donde rigen estrictas
normativas de protección ambiental y fuertes restricciones constructivas por
encima de la cota 220. En estas áreas protegidas, la normativa prohíbe
subdivisiones masivas de 40 a 60 lotes, permitiendo únicamente el uso
unifamiliar de una vivienda por parcela.
"Lo que nosotros le recomendamos es que se asesoren
antes de comprar, que se acerquen a la Defensoría del Pueblo. Que pregunten,
porque todo loteo tiene que tener un expediente iniciado en el municipio",
advirtió.
Como antecedente de intervención, Lafourcade destacó la
actuación de la Justicia de Faltas municipal en el caso del macizo Corica
Gutiérrez, donde se ordenó la remoción de un portón que bloqueaba la vía
pública y se intimó a propietarios ubicados sobre un arroyo para prevenir la
contaminación de los afluentes hídricos.
Ante la utilización de figuras contractuales como boletos de
compraventa o fideicomisos que no garantizan la posterior escrituración ni el
acceso a servicios públicos, la Defensoría instó a la ciudadanía a asesorarse
antes de concretar cualquier compra. Para verificar si un loteo cuenta con el
expediente municipal correspondiente, los vecinos pueden dirigirse a la sede de
Obras Privadas (Maipú y Chacabuco) o a la Defensoría del Pueblo (Maipú 253,
entre 14 de Julio y San Lorenzo). Asimismo, se recordó que los martilleros y
profesionales intervinientes tienen la obligación legal de informar el estado
real de habilitación de los terrenos.
"Es su responsabilidad también, como la de todos los
profesionales, informar cuál es el estado y que siempre pidan el número de
expediente municipal, que eso les va a garantizar si ese loteo es regular o
no", explicó.
Avance judicial por
obras integrales y seguridad en la Ruta Nacional 226
En materia de infraestructura urbana y seguridad vial, la
Defensoría del Pueblo acompaña el amparo judicial impulsado junto a la Defensa
Pública y residentes de los barrios Villa Aguirre, Villa Gaucho, Palermo y la
zona rural, ante el deterioro y la falta de integración que genera la Ruta
Nacional 226.
En ese sentido, declaró que "me tiene ocupada y preocupada
juntamente con otros defensores de todo el país el estado de las rutas
nacionales. Todos sufrimos esta división, esta falta de integración por la Ruta
Nacional 226".
En el marco de esta causa, el próximo 20 de octubre se
llevará a cabo una audiencia testimonial que contará con las declaraciones de
la defensora Paula Lafourcade y del secretario de Obras Públicas municipal,
Luciano Lafosse.
Lafourcade señaló que "No es solo la semaforización, es la
ampliación de la traza, es terminar las colectoras, es mayores puentes
peatonales, hasta un bypass para el tránsito pesado, que es fundamental porque
si no están tratando de cruzar el tránsito diario urbano con el tránsito de
larga distancia y pesado".
Se estima que entre 40.000 y 50.000 personas cruzan
diariamente las rotondas de la ruta -con un incremento del flujo vehicular del
10% anual-. Respecto al financiamiento de los trabajos, Lafourcade indicó que "existen
recursos disponibles" a través del Fondo del Combustible, el cual se encuentra
actualmente subejecutado según relevamientos de la Federación de Trabajadores
Viales (FEPINA).
Finalmente, en coordinación con organizaciones de víctimas
como Estrellas Amarillas y la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito,
se reclamó un incremento sustancial en los controles de fiscalización, pesaje
de camiones y operativos de alcoholemia cero en las rutas.
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.