Locales. Cierre de la Secretaría de Integración Socio Urbana: "Afecta a 11 barrios populares y a más de 2.000 familias"

Paula Alonso Torres, representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), calificó el desmantelamiento de la Secretaría como "parte de una miseria planificada", además recordó que la SISU "es la herramienta operativa de la Ley Nacional de Barrios Populares, una normativa que sigue vigente y que reconoce a 6.500 barrios en todo el territorio nacional".

La función principal de este organismo, a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), "era garantizar el acceso a derechos básicos como agua, cloacas y electricidad segura, además de la construcción de espacios educativos, de salud y recreativos". Según la referente del MTE, "el fin de estas políticas no solo afecta la infraestructura, sino que pone en riesgo 25.000 puestos de trabajo en cooperativas a nivel nacional".

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, Erica Lanzini, Secretaria General ATE, expresó su preocupación por el proceso de degradación de la institución, que "pasó de ser una Secretaría a Subsecretaría y, actualmente, a una Dirección en vías de desaparecer". También señaló que "este vaciamiento afecta directamente la capacidad de articulación entre el Estado y las organizaciones territoriales para resolver necesidades urgentes".

El impacto de esta medida en Tandil "afecta a 11 barrios populares y a más de 2.000 familias que dependían de esta articulación para mejorar su calidad de vida. La planta de trabajadores del sector ya sufrió una reducción del 50% tras la desaparición del FISU. Actualmente, quedan unos 300 trabajadores que cumplen la tarea crítica de gestionar los certificados del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP)".

Uno de los puntos más críticos señalados por ATE es la importancia de los certificados del ReNaBaP, los cuales permiten a las familias acceder legalmente a servicios básicos como la energía eléctrica y evitar conexiones clandestinas peligrosas. "Sin energía eléctrica hoy prácticamente no se puede vivir; es denigrante e indigno para las familias", afirmó Lanzini, subrayando que "la desintegración de estos programas elimina el marco de normalidad para garantizar derechos fundamentales".

Las organizaciones presentes en la ronda, que incluyeron a instituciones académicas y políticas, reafirmaron que la lucha continuará para evitar que se profundice el desfinanciamiento de una política que consideran sustantiva para las comunidades más vulnerables del país.