Está internado por orden judicial. Denuncian "secuestro institucional" y maltrato contra un joven con autismo: "Mi hijo es un rehén"

El conflicto, que involucra al Juzgado de Familia N° 2 de Tandil, ha derivado en lo que Morrone describe como un "litigio eterno" que mantiene a su familia desmembrada desde 2018.

El inicio de la pesadilla: 2018

La intervención judicial comenzó en 2018, a raíz de un cuadro de estrés y un brote psicótico de Pablo Morrone, lo que desencadenó una serie de decisiones que, según él, destruyeron su núcleo familiar.

A su internación en el Centro de Salud Mental, le siguió la de su mujer, quien también fue internada por un supuesto cuadro psíquico, aunque Morrone afirma que eso fue una maniobra ilegítima. "El error que cometió el juzgado del hospital fue sacar a la madre, internarla en la clínica Teresa de Calcuta, sin ninguna causa", relató Morrone, sugiriendo que la internación de su esposa en la clínica se debió meramente a que contaban con obra social, con un fin económico. Como consecuencia, "nos sacaron los chicos por 9 meses", incluyendo a Felipe, que en aquel entonces tenía solo 7 años.

El periplo de Felipe, por distintas instituciones ha estado marcado por la negligencia. Luego de permanecer internado en hogares de Benito Juárez, en 2020, tras ser trasladado al hogar "Don Orione", en Bahía Blanca, sus padres lo visitaron y lo encontraron en condiciones infrahumanas. "Felipe estaba encerrado en una habitación... bajo llave, y la monja que tenía la llave de la habitación no estaba en el lugar", recordó Morrone, añadiendo que el niño se encontraba "orinado, con materia fecal, con el pañal sucio". Solo tras una denuncia en redes sociales, el juzgado permitió que Felipe regresara a su hogar.

A pesar de que el joven vivió en su casa durante la pandemia y asistió a la escuela sin mayores incidentes, hace 36 días el juez Ramiro Saralegui ordenó una nueva internación en la Clínica de la Comunidad.

Como consecuencia de su cuadro de autismo severo, el hoy adolescente no se comunica ni puede valerse por sí mismo. "Pero él no es ni agresivo, ni violento, no se lastima ni lastima a los demás. Simplemente está ahí. Él estaba bien en mi casa".

Morrone asegura que fue amenazado con un allanamiento policial si no entregaba a su hijo: "Yo no quería dejar que lo internen nuevamente y el juez me dijo que, si yo no lo llevaba, me iba a hacer un allanamiento... me dijo 'Si vos no lo cargas a la ambulancia, te mando la policía'".

Denuncias de sobremedicación y lucro económico

El estado de salud actual de Felipe es alarmante. Según su padre, el joven entró en perfecto estado y hoy apenas puede sostenerse en pie. "Ayer (por este lunes) ya no podía caminar. Está tan medicado que no podía caminar. Lo tenían que agarrar entre dos personas", denunció Morrone tras su última visita. Incluso, el joven sufrió una descompensación con fiebre que requirió asistencia de emergencia.

Pablo Morrone sostiene que detrás de estas decisiones judiciales existe un trasfondo económico oscuro. "Hay un negocio con las internaciones... mi hijo es un rehén de la clínica, porque son 20 millones de pesos todos los meses que le saca a la obra social", afirmó tajantemente, señalando que los informes psicológicos que recibe el juzgado son "falsos".

Para Morrone, la institución que debería proteger a su hijo es la que más daño le está causando. "Siento que el juzgado ha ejercido violencia sobre mi hijo. Es la institución que más violencia ha ejercido", sentenció.

Su pedido es simple pero urgente: que le permitan cuidar a Felipe en su hogar, donde el joven se siente seguro y está bien atendido. "Lo único que quiero que dejen a mi familia tranquila... mi hijo es sano, un chico sano. En mi casa está bien cuidado, está perfecto", concluyó, con la esperanza de que la visibilización de su caso ponga fin a lo que considera un "abuso de poder" por parte del sistema judicial.