Opinión. Juicio "La Huerta": Entre la justicia esperada y la impunidad judicial señalada por los organismos

El fallo dictó ocho condenas, entre ellas cuatro penas de prisión perpetua contra Héctor Martínez Salgado, Román Valdecantos, Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret, por crímenes cometidos en el circuito represivo de la Subzona 12.

Por primera vez fueron juzgados los jefes de las secciones Operaciones e Inteligencia de la Base Aérea Militar de Tandil, lo que constituye un antecedente relevante en el proceso de memoria, verdad y justicia en la región. Además, el Tribunal condenó a Martín Carlos Luzuriaga a 10 años y 6 meses de prisión, Luis Ernesto Benítez a 6 años y 9 meses, Roberto Jorge Casares a 6 años, y José Luis Álvarez a 5 años de prisión.

En tanto, 27 imputados fueron absueltos, y los fundamentos del fallo se conocerán el 19 de diciembre.

El Tribunal también determinó que los hechos juzgados constituyen delitos de lesa humanidad, subrayando especialmente los ocurridos en la localidad de Azul la noche del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, cuando fueron secuestrados sindicalistas y militantes gremiales en el marco del inicio del terrorismo de Estado.

A la salida de la audiencia, la mezcla de emociones osciló entre la satisfacción parcial por las perpetuas y la indignación por las absoluciones masivas. Carlos Fernando Díaz, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos del Centro Sur de la Provincia de Buenos Aires, expresó:

"No coincido en que sea una sentencia pobre, creo que es una sentencia maliciosa, malintencionada. Están buscando la inmunidad de los acusados por edad. Esto es impunidad judicial. Hay acusados con una carga probatoria importante que han sido absueltos. Sabíamos que podía haber algunas absoluciones, pero jamás imaginamos que de 35 acusados solo 8 resultaran condenados. El criterio del tribunal fue la absolución; la condena fue la excepción, y con penas muy leves.

Díaz también advirtió sobre la lentitud y la desidia judicial que obstaculizan los procesos por delitos de lesa humanidad: "Hoy en la Argentina hay 75 causas listas para ser elevadas a juicio. Pero de 90 tribunales federales, solo hay un promedio de ocho audiencias semanales. Esto se llama impunidad judicial. Buscan eso, y lo están logrando. Mientras tanto, los acusados mueren impunes y las víctimas sin ver justicia. Esta justicia es muy, muy injusta."

Las querellas y organismos de derechos humanos alertaron sobre dos aspectos del fallo que resultan especialmente preocupantes en el contexto actual: primero, las absoluciones de imputados sobre los cuales existían pruebas contundentes de su participación y responsabilidad penal en delitos de lesa humanidad, lo que genera perplejidad y deja entrever un patrón de impunidad que puede ser interpretado como señal de tolerancia hacia violaciones graves de derechos fundamentales; segundo, la exclusión de los casos de represión a trabajadores agremiados -detenidos, torturados y perseguidos por su actividad sindical- de la categoría de delitos de lesa humanidad, tratándolos como delitos comunes y resolviendo su prescripción, lo que no solo contradice la historia del terrorismo de Estado sino que también envía un mensaje peligroso sobre la impunidad para actos de represión política y laboral en la actualidad.

El abogado querellante Guillermo Torremare, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), subrayó ese punto "Las perpetuas las esperábamos, pero las absoluciones en esa cantidad impresionan. El Tribunal consideró prescriptos los hechos vinculados a trabajadores perseguidos en fábricas como Fabi, Loma Negra, Losa o Molinos Cañuelas. Eso es un error conceptual terrible: esas persecuciones fueron parte del plan sistemático de represión y, por lo tanto, son delitos de lesa humanidad."

Una de las decisiones más cuestionadas fue la condena al exmilitar Roberto Jorge Casares, sentenciado a seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo período, por resultar coautor penalmente responsable del delito de violación agravada por el uso de la fuerza e intimidación. la pena resulta notoriamente baja para la gravedad de los hechos y se aparta de los estándares actuales de juzgamiento en delitos sexuales, más aún en el contexto del terrorismo de Estado, donde la violencia sexual contra las mujeres fue una práctica sistemática.

Caceres, además fue absuelto por los delitos que damnificaron a Carlos Alberto Moreno, Martín de Urquiza, José Vignau, Héctor Diez, Alberto Casemajor y Mirta Noemí de la Canal.

El Juicio "La Huerta" permitió reconstruir las tramas locales del terrorismo de Estado en la región y visibilizar las complicidades civiles, militares y eclesiásticas. Su desarrollo en una universidad pública, con presencia sostenida de la comunidad educativa, convirtió cada audiencia en un ejercicio de memoria viva. Aunque el fallo dejó un sabor agridulce, la jornada marcó un nuevo punto de partida en la larga lucha por justicia. La sentencia -con sus límites y contradicciones- vuelve a interpelar al Poder Judicial, pero también reafirma la vigencia de una sociedad que no renuncia a la memoria. En el Aula Magna, una vez más, se sostuvo y fortaleció el pacto democrático de la ciudadanía argentina. Y hoy, más que nunca, la sociedad vuelve a decir con fuerza: ¡Nunca Más!

*Agencia Comunica/Medios UNICEN