La Región. Justicia de Olavarría embarga fondos de IOMA ante incumplimiento de cobertura médica urgente

La Justicia local dispuso el embargo directo de fondos del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) para garantizar la internación de un afiliado, una medida que fue notificada con carácter urgente. Esta resolución provino del Tribunal de Trabajo N° 1 de Olavarría en el marco de una medida cautelar vinculada al derecho a la salud.

La acción se tramitó a través de una acción de amparo iniciada por un olavarriense, patrocinado por la Defensora Oficial, Dra. María Cecilia Layana, y la Auxiliar Letrada Silvana Valente. El eje del amparo era lograr la cobertura de un tratamiento de internación indicado por profesionales médicos.

De acuerdo con la demanda, la internación había sido interrumpida por razones administrativas ligadas a la falta de pago por parte de la obra social, a pesar de que no existía un alta médica para el paciente. En su planteo, las defensoras oficiales sostuvieron que la interrupción colocaba al afiliado en una situación de riesgo para su salud.

Se argumentó que la falta de respuesta de IOMA constituía una omisión ilegítima frente a una prestación médica que ya había sido previamente autorizada. Por ello, solicitaron una medida cautelar urgente para que IOMA restableciera la cobertura de forma inmediata.

Aunque el Tribunal hizo lugar al planteo y ordenó cautelarmente a IOMA cumplir con la prestación médica, la medida no fue cumplida. Ante la denuncia de nuevos incumplimientos, el juzgado resolvió avanzar con una medida poco habitual en este tipo de procesos: el embargo de fondos.

Detalles del embargo y cuenta judicial

En resoluciones sucesivas, el Tribunal dispuso trabar el embargo sobre una cuenta bancaria de IOMA ubicada en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se fijó un monto de 1.050.000 pesos mensuales para cubrir la duración del tratamiento de internación, más 525.000 pesos adicionales previstos para intereses y costas.

Estos fondos deberán ser depositados en una cuenta judicial a la orden del Tribunal, desde donde se instrumentará directamente el pago del tratamiento. Además, el juzgado ordenó que las actuaciones se comuniquen a la Fiscalía de Olavarría y que las notificaciones se realicen de manera urgente.

Este expediente resalta el rol de la Defensoría Oficial en la promoción de acciones judiciales para el acceso a la salud.

Asimismo, subraya las herramientas que los tribunales pueden adoptar para asegurar la efectividad de sus decisiones cuando las medidas cautelares no son cumplidas por los organismos demandados.

(En línea Noticias)