7 de enero de 2026
El sector agropecuario de Tandil y Rauch se encuentra "en estado de alerta" tras conocerse la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, de ordenar suspender la vigencia de algunos artículos de las ordenanzas que regulan las aplicaciones de agroquímicos en la Cuenca del Chapaleofú.
Según advirtió Matías Meli, Vicepresidente de la Sociedad
Rural de Tandil y concejal de Alternativa Tandil, representante del sector,
estas observaciones legales podrían "desafectar aproximadamente el 20% de las
hectáreas del partido de Tandil, impactando directamente en la actividad
agrícola y tambera de la región".
El conflicto por las
distancias de pulverización
El eje de la controversia se centra en el artículo 8, el
cual diagrama las distancias permitidas para las aplicaciones en cercanías de
escuelas rurales, centros poblados y, fundamentalmente, cursos de agua.
La observación apunta específicamente a la cuenca del Arroyo
Chapaleofú, un cauce vital que cruza gran parte de ambos Partidos, con sus dos
brazos principales (uno nacido en Vela y otro entre Azucena y Barker) que se
unen en Gardey antes de seguir hacia Rauch.
La sugerencia de establecer una distancia de 1.000 metros
para la aplicación en relación a los cauces de agua rurales, de acuerdo a lo
que establece la normativa provincial, es lo que genera mayor preocupación, ya
que, "dada la extensión del arroyo y sus afluentes, gran parte de la zona
productiva quedaría fuera de operatividad", según explicó el productor.
Meli recordó que la ordenanza vigente fue fruto de casi un
año de trabajo conjunto entre instituciones y personas vinculadas al sector, "logrando
un consenso que permitió salir de una medida cautelar previa".
"Hasta el momento, el sistema de control coordinado por el
Colegio de Ingenieros Agrónomos y el municipio venía funcionando con normalidad",
consideró.
Aunque el municipio de Rauch ya recibió la notificación oficial, Tandil se encontraba a la espera del documento formal para iniciar el análisis legal. Una vez notificados, los municipios disponen de 10 días hábiles para responder al requerimiento de los jueces, consistente en reportar los antecedentes que llevaron a la confección de cada una de las ordenanzas.
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Acciones gremiales y próximos pasos
Ante este escenario, la Sociedad Rural de Tandil ya ha
iniciado gestiones y reuniones con sus pares de Rauch y con CARBAP, la entidad
madre que agrupa a las sociedades rurales de la provincia.
Se espera que en los próximos días las entidades emitan un
comunicado oficial detallando su postura ante lo que consideran un potencial
perjuicio económico y productivo de gran magnitud para la región.
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