"a través de la tarifa, o de algún subsidio". Bilbao afirmó que el Municipio "debe garantizar los recursos" para el transporte público

A sus 89 años, Bilbao, que fue funcionario provincial durante 40 años, en Vialidad, como Director Provincial del Transporte y como asesor en la Secretaría de Transporte, hace alrededor de 15 años que asesora en materia de costos a la Cámara de Transporte local.

Consultado por este medio sobre la situación actual del transporte público, explicó que "en general, hay una crisis en el sistema de transporte público de pasajeros, que es un servicio esencial, que está a cargo del Estado, y el Estado lo puede delegar en terceros, como en el caso de Tandil, en licitaciones".

Y añadió que esa crisis se generó "por los ingresos insuficientes para cubrir la totalidad de los costos que se prevé en las metodologías que especialmente las ha establecido la Secretaría de Transporte de la Nación. Como consecuencia de ello, viene un déficit de arrastre que desde el año 2002-2003 con la gestión del gobierno de Kirchner, se fue compensando con subsidios para que el valor de la tarifa que paga el usuario tuviera una relación racional con su nivel de ingresos".

En ese punto, ante el planteo de la disparidad entre los subsidios que reciben las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires con el interior del país, buscó "ser cauto con mis manifestaciones", aunque contó que "lo viví muy de cerca, el área metropolitana está integrada por un grupo de empresas y cámaras que tienen mucho poder político y presión sobre las autoridades. En su momento, porque esto no arranca de ahora, no es un tema de ahora, viene del 2002-2003, las cámaras del AMBA ejercieron una gran presión sobre la Secretaría de Transportes en la época que estaba (Ricardo) Jaime, para que se planteara un desequilibrio o inequidad muy importante en la distribución de los subsidios. Es decir, el 70% iba al AMBA y el 30% restante iba al interior del país".

Bilbao aseguró que "como filosofía, soy contrario al subsidio", y opinó luego que "creo que lo que hay que resolver es el problema de fondo, y es el nivel de actividad económica del país, que tiene que crecer sensiblemente para que haya demanda de mano de obra y que el nivel de ingreso de la población que especialmente viaja en transporte público, sea lo suficientemente elevado para pagar una tarifa que sea razonable".

"Estamos en crisis y el ingreso medio ha caído, entonces hay que compensarle al usuario, a través de un subsidio, esa diferencia de precios. Eso es lo que ocurre. Pero si el país se recupera, que demorará un cierto tiempo, el subsidio tiene que ir disminuyendo para que el valor que paga el usuario sea realmente el que corresponde", analizó.

La responsabilidad municipal en la sostenibilidad del transporte

La semana pasada hubo una reunión en el Concejo Deliberante, de la cual surgió que la Cámara del Transporte estaría buscando un subsidio municipal para ayudar a solventar el déficit operativo de las empresas de colectivos.

Más allá de las posturas de cada bloque legislativo, Bilbao aclaró que "hay dos leyes, que son de aplicación supletoria: la 16.378/57, que es la Ley de Transporte de la provincia, como normativa general, corresponde ser aplicada también en los municipios. Pero está la ley 7.466, que es específica para los municipios, donde, si no recuerdo mal, en el artículo cuarto, define un objetivo político, y más o menos dice que la autoridad de aplicación aplicará las medidas necesarias para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio. ¿Qué quiere decir? Que, a través de la tarifa, o de algún subsidio, venga de donde venga, le tiene que dar los recursos económicos para que las empresas cubran los costos de explotación más una rentabilidad mínima razonable".

"Cuando el ingreso económico que proviene de la tarifa y/o de los subsidios no cubre el costo económico real, comienza un proceso de descapitalización y pérdida de capital que primero genera conflictos gremiales, porque el personal tiene problemas para cobrar sus salarios, el servicio se va deteriorando, los ómnibus no se renuevan, se deterioran, y en última instancia sale perjudicado el usuario", añadió.

El especialista en transporte pidió "sentarse en una mesa y discutir cómo hacemos. Podemos reformular también en parte el sistema de servicios, ajustar frecuencias a la realidad de la demanda y que a lo mejor el pasajero tenga que esperar algún minuto más el ómnibus, de manera de disminuir el costo de la oferta. Pero no se puede achicar indefinidamente, porque si no, usted no puede despedir el personal, se le genera otro problema. Pero hay posibilidades de ajuste".

También fue crítico con la fórmula polinómica que se estableció por Ordenanza para ajustar la tarifa de colectivos de manera bimestral, y consideró que "la fórmula está equivocada, porque las variables de ajustes no responden a las realidades que se deben contemplar cuando uno aplica las metodologías de costos de la nación. Y esa fórmula polinómica que aplica el municipio y que aparentemente, de acuerdo a lo que se dijo, se haría una revisión, ya hice yo una elaboración y mandé una propuesta, tiene que ser ajustada".

Y ejemplificó además que "si se hace un ajuste de tarifa y la polinómica dice el 17 % de ajuste. Y usted hace los estudios aplicando las metodologías de costo como corresponde, y le da el 23 %, está teniendo un 6 % de déficit. Y cuando usted este déficit mensual lo va acumulando, es pérdida de capital, pérdida de patrimonio".

Además, recordó que "el último estudio de costos que hice yo, fue en diciembre, con los valores antes de que impactara el valor del combustible y la devaluación. A partir de ese momento hice una actualización y se escapó de una manera infernal el costo. Entonces la Cámara pidió, argumentando debidamente, que estábamos en una situación crítica, que se declarara la emergencia del sistema de transporte, y se diera una tarifa de emergencia de 350 pesos. Con esa tarifa de emergencia, las empresas pueden hacer frente a los costos de personal y a los gastos directos, y mantener un nivel razonable de calidad de los servicios".

De todos modos, insistió en que la responsabilidad del gobierno municipal en sostener el sistema de transporte público "es inexorable, está perfectamente claro en la ley".