Locales. Desde Defensa de Usuarios y Consumidores alertan que en Tandil 45.000 hogares dejarán de tener el subsidio por Zona Fría

El Régimen de Zonas Frías fue creado por la Ley 25.565 y dispuso un descuento en las facturas a los usuarios de gas natural de las provincias patagónicas y Malargüe, Mendoza y la Región de la Puna, en el Noroeste argentino, que en la actualidad alcanza a 939.546 beneficiarios de casas de familia, comercios e industrias.

En 2021 mediante la sanción de la Ley 27.637, el régimen se amplió a usuarios de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, San Juan, San Luis, Mendoza, Salta y La Rioja, que en la actualidad suman 3.365.230 beneficiarios. 1.718.034 reciben un 30% de descuento y 1.647.196 el 50%.

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso, dispone la derogación de los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637", excluyendo del beneficio a 3.365.130 usuarios, de los cuales 1.368.781 son de la provincia de Buenos Aires.

El programa se financia con el cobro de un impuesto a todos los usuarios de gas natural del país, del 6,8 % sobre el valor del metro cúbico de gas consumido por los usuarios y de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Energía de la Nación, en su página web el régimen se autofinancia con un recargo sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema y no requiere aportes del Estado nacional.

De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Energía, en 2023 el Fondo tuvo ingresos por $94.849 millones y pagó a los proveedores $74.416 millones, quedando una suma favorable de $20.433millones.

Asimismo, se invirtieron fondos líquidos en el Fondo Común de Inversión Carlos Pellegrini por $62.048.852 y en un plazo fijo en Banco Nación por $58.335 millones. Por lo tanto, el Fondo Fiduciario es superavitario, sustentado por el aporte de todos los usuarios de gas de todo el país.

Desde DE.U.CO, rechazan enérgicamente el Proyecto del Poder Ejecutivo y alerta y convoca a los millones de USUARIOS que serían perjudicados por la medida, a los CONCEJOS DELIBERANTES e INTENDENTES de los municipios afectados a defender el derecho consagrado por la Ley 27.637.