25 de junio de 2025
La entidad afirma que los comerciantes están cada vez más asfixiados por la competencia desleal. Apuntan a la plaza Rocha, la playa Bristol, el frente costero y las veredas de las principales calles de la ciudad.
En una carta dirigida en simultáneo al intendente municipal, Guillermo Montenegro; al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al presidente de la Nación, Javier Milei, la UCIP (Unión del Comercio, la Industria y la Producción) de Mar del Plata denunció el crecimiento exponencial del comercio ilegal en la ciudad y advirtió sobre sus graves consecuencias para la economía formal, el espacio público y la imagen turística de la ciudad.
La entidad empresarial expresó su "enérgico reclamo" ante lo
que considera una "tolerancia estatal" hacia prácticas que vulneran de manera
sistemática la legalidad y perjudican directamente a los comerciantes que
cumplen con sus obligaciones.
En el extenso comunicado, UCIP detalla que los comerciantes
legalmente establecidos -que tributan impuestos, garantizan condiciones de
salubridad, seguridad e higiene, y generan empleo formal- se ven cada vez más
asfixiados por una competencia desleal que prolifera en distintos puntos de Mar
del Plata bajo la aparente mirada pasiva de las autoridades. Aseguran que la
falta de control, fiscalización y sanción no es responsabilidad exclusiva del
municipio, sino que compromete a todas las jurisdicciones de gobierno, ya que
el fenómeno abarca desde contrabando de mercadería hasta situaciones de
presunta explotación laboral.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia tiene que ver
con los focos de ilegalidad que UCIP considera. Plaza Rocha, convertida -según
la entidad- en un "mercado informal" que opera sin habilitación ni controles,
alterando el uso público del espacio y generando un impacto negativo tanto para
vecinos como para turistas. Le sigue la playa Bristol y el frente costero,
donde "la postal turística por excelencia" ha sido invadida por vendedores
ambulantes que ya no son esporádicos sino permanentes, generando -afirman- un
"asentamiento fijo" con implicancias serias en materia de seguridad. El tercer
foco señalado es la invasión de veredas en calles comerciales, particularmente
sobre Güemes, donde UCIP detectó un crecimiento desmedido de puestos ilegales
durante el último fin de semana largo.
La carta también advierte sobre la venta de productos sin
control bromatológico, como alimentos o anteojos, y la circulación de
mercadería robada, importada ilegalmente o sin trazabilidad. A su vez, alertan
sobre el componente social de la problemática, señalando que muchos de los
vendedores son personas en situación de vulnerabilidad sometidas a esquemas
informales de trabajo, sin derechos ni protección laboral.
"La inacción por parte de las autoridades en la
fiscalización y erradicación de estas prácticas ilegales no solo atenta contra
los derechos de quienes cumplimos con la ley, sino que degrada el espacio
público y daña la imagen de nuestra ciudad", sostiene el documento. Desde UCIP
solicitan, en consecuencia, la inmediata intervención de los organismos
competentes y la implementación de políticas sostenidas en el tiempo que
permitan erradicar el comercio informal y garantizar condiciones equitativas
para quienes apuestan por la formalidad y el desarrollo económico.
En el caso del Municipio de General Pueyrredon, la entidad
también solicitó una audiencia personal con el intendente Guillermo Montenegro,
con el fin de que pueda escuchar directamente a los comerciantes afectados por
esta problemática.
La carta cierra con un llamado al compromiso institucional y
a la responsabilidad política. "Confiamos en su compromiso con la ley y con el
desarrollo de nuestra ciudad, para una pronta respuesta a este urgente
reclamo", expresa UCIP, dejando en claro que la situación ha superado el límite
de la tolerancia y que, si no se toman medidas concretas, el tejido económico y
social de la ciudad continuará deteriorándose.
(La Capital MdP)
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Actividad federal organizada por cada casa de estudios